En resumen
- Nuevo estándar técnico: El SEA prohíbe las "cajas negras" algorítmicas, exigiendo trazabilidad total.
- Fin de asimetrías: Uso de IA institucional para predecir criterios de evaluación y reducir los temidos ICSARA.
- Fiscalización cruzada: La normativa operará en sintonía con las nuevas herramientas de Big Data de la Superintendencia del Medio Ambiente.
El 23 de febrero, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicó un nuevo protocolo que regula el uso de Inteligencia Artificial (IA) en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Más que una simple guía informática, este documento busca automatizar procesos, agilizar los trámites y dar más certeza a quienes invierten y operan en el país.
El sector acuícola, que suele enfrentar largas esperas para aprobar relocalizaciones, aumentos de biomasa o nuevas tecnologías, se encuentra ante una nueva realidad: los trámites serán mucho más rápidos, pero a cambio, el Estado exigirá pruebas y estudios técnicos mucho más estrictos que antes.
Trámites más rápidos y menos sorpresas
En la práctica, la adopción de la IA en el SEA busca resolver uno de los mayores problemas para el desarrollo de proyectos: la lentitud. El nuevo protocolo permite usar algoritmos para ordenar rápidamente grandes cantidades de documentos y acelerar la revisión de los expedientes.
Un cambio importante es que ahora se usará IA en los buscadores de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Para los encargados de proyectos acuícolas, esto permitirá anticipar cómo evaluará el Estado, reduciendo el riesgo de rechazos iniciales y bajando la cantidad de preguntas y observaciones (los conocidos ICSARA).
Transparencia total: Mostrar cómo se hizo el cálculo
Pero esta rapidez viene con reglas claras. El SEA definió que la inteligencia artificial será solo un apoyo. Siempre deberá haber personas revisando los modelos y los resultados. El Estado no dejará las decisiones finales en manos de computadores.
Este es el principal reto para la industria salmonera, que ya usa programas avanzados para monitorear el fondo marino y mejorar sus operaciones. Con las nuevas reglas, si una empresa presenta simulaciones hechas con IA (como modelos de dispersión o análisis oceanográficos), ya no bastará con entregar solo el resultado final. El Estado exigirá ver exactamente cómo el programa llegó a esa conclusión y qué datos utilizó.
La autoridad exigirá transparencia absoluta. Las empresas tendrán que asegurar que los estudios y softwares que compren a consultoras externas puedan ser explicados, revisados y auditados paso a paso por el evaluador del Estado.
Fiscalización en tiempo real
Por último, hay que tener en cuenta que estos cambios del SEA van de la mano con lo que está haciendo la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). La SMA ya está cruzando los reportes electrónicos de los centros de cultivo con herramientas de análisis de datos masivos. Esto les permite detectar rápidamente cualquier incumplimiento a la norma e iniciar procesos de sanción casi de inmediato.
Para las empresas, adaptarse a estas nuevas reglas exige actualizar de inmediato cómo preparan sus estudios de ingeniería. Contar con buenos respaldos técnicos, auditar los programas informáticos que usan sus consultores y alinearse a esta nueva "evaluación digital" ya no es un lujo tecnológico, sino una obligación para poder operar y mantenerse en la industria.