La Ley de Fraccionamiento (Ley N° 21.752) entró en plena vigencia en enero de 2026. Su objetivo declarado: redistribuir cuotas de captura hacia el sector artesanal en recursos de alta importancia comercial. Pero antes de que sus efectos se estabilicen, la norma ya enfrenta dos frentes de resistencia simultáneos: los trabajadores de la pesca industrial la rechazan en bloque, y representantes de armadores artesanales de San Antonio la llevaron a la Contraloría General de la República.
Qué dice la ley y qué disputan los trabajadores
La Ley N° 21.752 modifica el fraccionamiento de las cuotas globales de captura (CGC) entre el segmento industrial y el artesanal. Según el balance publicado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), la norma incrementa la cuota artesanal en recursos de gran importancia comercial y habilita una flota orientada al consumo humano directo.
Los sindicatos y federaciones de la pesca industrial —que representan a más de 20 mil trabajadores— advierten que la propuesta de fraccionamiento y subasta de cuota pone en riesgo la estabilidad del empleo en ese segmento. Califican los proyectos de ley asociados como «malos y perjudiciales» y piden al Congreso que legisle con mayor cautela sobre los efectos laborales.
Desde el lado artesanal, la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach) valoró que el gobierno respetara los compromisos alcanzados en la distribución de cuotas. Pero al mismo tiempo, representantes de armadores artesanales del puerto de San Antonio presentaron ante la Contraloría una resolución de Subpesca relacionada con el nuevo fraccionamiento. El motivo específico del requerimiento no está detallado en la información disponible, pero la acción indica que la implementación de la norma genera cuestionamientos también desde dentro del sector artesanal.
Un marco regulatorio con ocho leyes publicadas y cinco en tramitación
La Ley de Fraccionamiento no es la única norma en juego. Subpesca publicó un balance del período 2022-2026 que contabiliza ocho leyes publicadas y otras cinco en tramitación avanzada. Entre los avances declarados figuran la Ley de Caletas —que transfiere la administración de infraestructura portuaria a organizaciones de pescadores artesanales— y reformas en materia de equidad, transparencia y género.
La Ley de Caletas ya tiene aplicación concreta. En Punta Arenas, una agrupación de pescadores y pescadoras recibió oficialmente su concesión marítima, convirtiéndose en la cuarta organización de la región en acceder a ese mecanismo. En Corral, la Caleta Huiro completó el mismo proceso. Ambos casos ilustran el ritmo de implementación: la ley avanza, pero de forma gradual y localizada.
Las tensiones de fondo que la ley no resuelve sola
Un estudio del Observatorio Ciudadano publicado en noviembre de 2024 —elaborado por Christian Paredes Letelier, Vicente Díaz Galleguillos y Fernando Pardo Núñez— identifica varios problemas estructurales que persisten independientemente de la redistribución de cuotas.
Entre los más relevantes para entender la disputa actual:
El criterio de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) que se usa para fijar las cuotas globales de captura tiene limitaciones reconocidas, especialmente cuando la información sobre el estado de los recursos no está actualizada.
El Registro Pesquero Artesanal presenta problemas de actualización y dinamismo que afectan quién puede acceder efectivamente a las nuevas cuotas.
Las licencias transables de pesca (LTP) del segmento industrial muestran alta concentración entre pocos tenedores, lo que condiciona el impacto real de cualquier redistribución.
Los Comités Científicos Técnicos (CCT) Pesqueros y los Comités de Manejo enfrentan problemas de integración y participación que debilitan la base técnica de las decisiones sobre cuotas.
Estos factores no son nuevos. Pero cobran relevancia ahora porque la Ley N° 21.752 redistribuye cuotas dentro de un sistema que, según ese mismo estudio, tiene dificultades para determinar con precisión cuánto se puede extraer sin comprometer la sostenibilidad de los recursos.
Por qué esto importa más allá de la pesca extractiva
Para un productor acuícola, la disputa sobre cuotas pesqueras puede parecer ajena. No lo es del todo.
Primero, porque varias especies que se cultivan en acuicultura —o que compiten por los mismos espacios costeros— están directamente vinculadas a la disponibilidad de recursos silvestres para semilla o alimentación. La presión sobre el recurso silvestre afecta las condiciones de operación del cultivo.
Segundo, porque el marco regulatorio que se está redefiniendo incluye normas sobre acceso a espacios marítimos, concesiones y administración de caletas. La Ley de Caletas, en particular, redefine quién administra infraestructura portuaria en zonas donde también operan productores acuícolas de pequeña escala.
Tercero, porque la concentración del debate legislativo en la pesca extractiva consume capacidad institucional. Mientras Subpesca gestiona la implementación de ocho leyes y cinco proyectos en tramitación, los avances específicos en acuicultura —mencionados en el balance oficial pero sin detalle en la información disponible— quedan en segundo plano.
Dos lecturas del mismo proceso
Subpesca presenta el período 2022-2026 como un ciclo de reformas que salda deudas históricas con el mundo artesanal y proyecta sostenibilidad. Los consensos políticos en el Congreso —con votaciones transversales en ambas cámaras— respaldan esa lectura en varios de los proyectos aprobados.
Los sindicatos industriales leen el mismo proceso como una amenaza directa al empleo de más de 20 mil trabajadores. Su posición no es que el sector artesanal no deba tener más cuota: es que la forma en que se redistribuye —y especialmente la propuesta de subasta— genera inestabilidad en la cadena de abastecimiento que sostiene sus fuentes de trabajo.
Ambas lecturas coexisten en el mismo momento de implementación. La Contraloría tendrá que pronunciarse sobre al menos una de las resoluciones impugnadas.
El pronunciamiento de la Contraloría sobre el requerimiento presentado por los armadores artesanales de San Antonio es el primer indicador concreto a seguir. Si la resolución de Subpesca es objetada, la implementación de la Ley N° 21.752 podría enfrentar ajustes en su aplicación práctica antes de que termine el primer ciclo completo bajo el nuevo fraccionamiento.
Fuentes consultadas Trabajadores de la industria pesquera tildan proyectos de ley como «malos y perjudiciales»
Trabajadores de la pesca industrial rechazan propuesta de Fraccionamiento y subasta de cuota
Pescadores llevan a Contraloría resolución de la Subpesca ante nuevo Fraccionamiento
Pescadores y pescadoras pasarán a administrar la Caleta Punta Arenas gracias a la Ley de Caletas
Caleta Huiro de Corral pasará a ser administrada por los pescadores artesanales
2022-2026: Un nuevo trato para la pesca y avances en acuicultura, justicia y sostenibilidad - SUBPESCA Difusión
[PDF] Régimen de las cuotas de pesca en Chile: - Observatorio Ciudadano
Conapach | Confederación Nacional de Pescadores Artesanales
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