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Noticia4 min de lectura28 de abril de 2026

Legislación acuícola 2022-2026: 14 leyes aprobadas en Chile

La Biblioteca del Congreso Nacional documentó 28 proyectos tramitados entre 2022 y 2026 por las comisiones de pesca y acuicultura del Congreso, de los cuales 14 se convirtieron en ley. Para los productores acuícolas, el resultado más concreto es un marco legal más exigente en materia ambiental, con nuevas obligaciones bentónicas, cuotas redefinidas hasta 2040 y requisitos de equidad de género en estructuras de administración.

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Entre 2022 y 2026, las comisiones de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado tramitaron 28 proyectos de ley. Catorce llegaron a promulgarse. La Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) sistematizó ese trabajo en un informe de asesoría técnica parlamentaria publicado en marzo de 2026.

El resultado es un conjunto de normas que toca directamente la operación acuícola: desde cómo se distribuyen las cuotas de captura hasta quién puede integrar un comité de manejo.

La Ley Bentónica: nuevas obligaciones para el fondo marino

La Ley N° 21.651, conocida como Ley Bentónica, es la norma de mayor alcance para la acuicultura de fondo. Establece un marco regulatorio específico para los recursos del fondo marino y crea zonas de resguardo ecosistémico.

Entre sus disposiciones más concretas: reconoce legalmente la figura del asistente de buzo, incrementa las multas por infracciones ecosistémicas e introduce registros diferenciados para zonas insulares. También incorpora puntajes por género en programas de fomento.

Para los productores que operan en zonas bentónicas —erizo, ostiones, algas de fondo— la ley implica mayor exposición a fiscalización y sanciones más altas ante infracciones. Las zonas de resguardo pueden restringir el acceso a áreas que antes estaban disponibles.

Ley de Fraccionamiento: cuotas redefinidas hasta 2040

La Ley N° 21.752 redefinió la distribución de cuotas de captura entre los sectores industrial y artesanal. La vigencia del nuevo esquema se extiende hasta el 31 de diciembre de 2040.

La ley asigna porcentajes diferenciados por especie y región. El objetivo declarado es promover la sustentabilidad y equilibrar la participación de ambos sectores.

Para los productores acuícolas, el impacto directo depende de la especie y la zona. Quienes operan en zonas donde la pesca artesanal y la acuicultura compiten por el mismo recurso —como el ostión del norte en Coquimbo o el erizo en el norte chico— tienen ahora un marco de cuotas fijo por casi quince años. Eso reduce la incertidumbre regulatoria, pero también limita la posibilidad de renegociar asignaciones si las condiciones del recurso cambian.

Equidad de género: de declaración a obligación operativa

Dos leyes del período incorporan el enfoque de género como requisito de administración, no como recomendación.

La Ley N° 21.698 incorpora el enfoque de género en la administración de caletas. La Ley N° 21.709 garantiza la presencia equilibrada de mujeres en los comités de manejo.

Para las organizaciones de Acuicultura de Pequeña Escala (APE) y las caletas con comités activos, esto tiene consecuencias prácticas: la composición de los órganos de decisión debe ajustarse a los nuevos requisitos. Las organizaciones que no cumplan podrían quedar fuera de programas de fomento o enfrentar observaciones en procesos de renovación.

Protección operativa ante eventos climáticos extremos

La Ley N° 21.437 reconoció las marejadas como fuerza mayor para efectos del Registro Pesquero Artesanal. Eso evita la caducidad del registro cuando un productor no puede operar por condiciones climáticas extremas.

Es una norma de protección operativa con impacto directo en la continuidad del registro. Para los mitilicultores y productores de APE en zonas expuestas a eventos de oleaje —Chiloé, Los Lagos, Aysén— reduce el riesgo de perder habilitaciones por causas fuera de su control.

Catorce leyes: qué cubre y qué no detalla el informe

El informe de la BCN sistematiza las leyes promulgadas, pero no desglosa el impacto por subsector acuícola ni por región. Tampoco incluye análisis de implementación: no hay datos sobre cuántas sanciones se aplicaron bajo la Ley Bentónica desde su promulgación, ni cuántas organizaciones ajustaron su composición por las leyes de género.

Lo que el informe sí permite es tener una visión completa del marco legal vigente al cierre del período legislativo 2022-2026. Para un productor que necesita saber qué normas están activas, es el punto de partida.

El nuevo período legislativo comienza con ese marco como base. Si las comisiones de pesca y acuicultura retoman proyectos que quedaron pendientes —el informe menciona 14 que no se convirtieron en ley— el marco podría ampliarse antes del próximo ciclo productivo.

Fuentes consultadas Microsoft Word - BCN_AL Comision_de_Pesca_Acuicultura_e_Intereses_Maritimos._Periodo_legislativo_20222026

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