El Plan de Reconstrucción Nacional ingresado por el gobierno del Presidente Kast incluye modificaciones directas al marco regulatorio de la salmonicultura. El eje central: simplificar los procesos de relocalización de concesiones y sacar ciertos trámites del circuito del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
La medida llega después de años de bloqueo administrativo. De más de mil solicitudes de relocalización presentadas en los últimos años, apenas dos llegaron a buen término. Ese número no es un dato menor: refleja un sistema que, en la práctica, no funcionó.
Qué cambia con el proyecto de ley
El proyecto modifica tres áreas concretas. Primero, simplifica los procedimientos de relocalización de concesiones acuícolas, que hasta ahora debían transitar por el SEA con plazos y exigencias que los hacían inviables en la mayoría de los casos.
Segundo, establece un nuevo sistema para la elaboración de informes sobre bancos naturales e informes ambientales. El texto establece que esos informes los encarga el Estado, sin intervención del titular de la concesión. Eso cambia quién controla el proceso de evaluación, aunque el contenido técnico sigue siendo el mismo.
Tercero, agiliza los informes técnicos y ambientales mediante un procedimiento más expedito, con foco en parámetros que el propio proyecto define como «verdaderamente relevantes» para el monitoreo ambiental.
El proyecto también exige coordinación entre autoridades respecto de los requerimientos ambientales aplicables a la acuicultura, lo que apunta a reducir la superposición de exigencias entre distintos organismos del Estado.
La proyección de crecimiento: de dónde viene el 8%
Una consultora estadounidense proyecta que la salmonicultura chilena podría duplicarse en menos de diez años. En el corto plazo, el efecto de las medidas del Plan de Reconstrucción Nacional se estima en un crecimiento de hasta 8% en la actividad.
Esa cifra no viene de un aumento en la capacidad instalada nueva, sino de desbloquear lo que ya existe. Las concesiones paralizadas por procesos de relocalización fallidos representan biomasa potencial que no se está produciendo. Si el nuevo marco permite completar esas relocalizaciones, parte de ese potencial se activa sin necesidad de nuevas concesiones.
El 22 de abril, el comité técnico del SEA en Aysén sesionó para revisar un proyecto de aumento de biomasa salmonera en esa región. Ese proceso avanzó a etapa de evaluación, lo que indica que la institucionalidad actual ya está procesando solicitudes de expansión en paralelo al debate legislativo.
La posición de SalmonChile y lo que el texto no cierra
Patricio Melero, presidente de SalmonChile, valoró el proyecto en términos directos:
«Las modificaciones propuestas, especialmente aquellas relacionadas con la simplificación de los procesos de relocalización, representan una corrección necesaria a un sistema que ha demostrado ser inoperante, donde de más de mil solicitudes presentadas en los últimos años, apenas dos han sido exitosas.»
La declaración de SalmonChile también destaca la exigencia de coordinación entre autoridades como un avance. Hoy, un mismo proyecto puede recibir requerimientos distintos de SERNAPESCA, el SEA y otros organismos sectoriales. El proyecto obliga a que esas exigencias se alineen antes de llegar al titular.
Lo que el texto disponible no detalla es el alcance exacto de qué trámites quedan fuera del SEA y cuáles siguen dentro. Esa definición es la que determinará si el cambio es operativo o solo procedimental. El proyecto de ley está en tramitación y su texto final puede diferir del borrador conocido.
Qué implica para los operadores con concesiones en evaluación
Para un productor con una solicitud de relocalización activa, el escenario más relevante es si el nuevo procedimiento aplica retroactivamente a solicitudes en curso o solo a las que se presenten después de la promulgación. Eso no está confirmado en la información disponible.
Para quienes tienen concesiones en zonas de Aysén o Magallanes con procesos de monitoreo ambiental en curso, el cambio en quién encarga los informes sobre bancos naturales puede afectar los plazos. Si el Estado asume esa responsabilidad, los tiempos dependen de la capacidad operativa de los organismos públicos, no del titular.
El proyecto también modifica el régimen de caducidad de concesiones. Los detalles de ese cambio no están disponibles en los extractos publicados, pero es una variable que afecta directamente la planificación de largo plazo de cualquier operador con concesiones inactivas o subutilizadas.
El debate ambiental que el proyecto no resuelve
Sacar trámites del SEA no equivale a eliminar la evaluación ambiental. El proyecto mantiene el monitoreo, pero cambia quién lo encarga y bajo qué parámetros. La discusión sobre si esos parámetros son suficientes para proteger los ecosistemas de fiordo no está resuelta en el texto del proyecto.
Organizaciones ambientales y comunidades costeras han cuestionado históricamente la expansión salmonera en zonas de alta sensibilidad ecológica. Ese debate no desaparece con la simplificación administrativa: se traslada al Congreso durante la tramitación del proyecto.
La coordinación obligatoria entre autoridades que establece el proyecto puede reducir la incertidumbre regulatoria para los operadores. También puede concentrar la presión política en un solo punto de decisión, lo que hace más visible el costo político de aprobar o rechazar una expansión específica.
Si el proyecto se aprueba sin modificaciones sustanciales, los primeros efectos visibles serán en las solicitudes de relocalización que llevan más tiempo detenidas. El plazo de tramitación legislativa y la fecha de promulgación son las variables que determinan cuándo eso ocurre.
Fuentes consultadas Proyecto de salmonicultura en Aysén avanza a etapa de evaluación
Declaración de SalmonChile frente al Plan de Reconstrucción Nacional - Diario Acuícola
Proyectan que la industria del salmón se duplicará en Chile
Ley miscelánea impulsa a salmoneras: actividad podría crecer hasta 8% y evitará que trámites pasen por el SEA
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