Acuiponía: cómo producir con 90% menos agua y qué exige la ley

Hay una palabra que casi nadie usa fuera de un círculo técnico acotado y que, sin embargo, describe una de las respuestas más directas a la escasez hídrica: acuiponía. No es acuicultura ni hidroponía. Es el punto donde ambas dejan de operar por separado y empiezan a sostenerse mutuamente.

REDIA conversó con Gabriel Salvo Parra, ingeniero, presidente y director ejecutivo de la Fundación Acuiponía Chile, organización creada en 2015 para difundir, investigar y aplicar esta técnica en la Agricultura Familiar Campesina, la acuicultura de pequeña escala (APE) y el sistema escolar.

Un circuito donde el residuo de uno es el insumo del otro

La acuiponía combina la crianza de animales acuáticos con el cultivo de plantas sin suelo, conectados en un circuito cerrado. Los desechos de los peces se transforman —por acción de bacterias nitrificantes— en los nutrientes que absorben las plantas; las plantas, al absorberlos, purifican el agua que vuelve a los peces. La diferencia con las dos técnicas por separado es que ninguna descarga residuos ni requiere fertilizantes sintéticos: el sistema los produce y los consume internamente.

Esa integración es también su principal exigencia técnica. En un módulo conviven tres organismos con necesidades distintas —peces, plantas y bacterias— y el equilibrio depende de que ninguno sea optimizado a costa de los otros.

Los números: 90% menos agua, cinco veces más por metro cuadrado

Según la Fundación, un módulo acuipónico reduce el consumo de agua entre 80% y 90% respecto de la agricultura tradicional en tierra. La razón es estructural: mientras el riego en suelo pierde volumen por evaporación, filtración profunda y escorrentía, el circuito cerrado solo pierde agua por transpiración de las plantas, y el mismo volumen sirve simultáneamente para criar los peces y nutrir los cultivos.

En superficie, la Fundación estima que la acuiponía produce hasta cinco veces más alimento por metro cuadrado que un huerto convencional, al no depender de la calidad del suelo ni requerir espacio para la expansión radicular horizontal; el ambiente protegido permitiría además cosechar hortalizas de hoja entre 30% y 40% más rápido. En residuos, el sistema genera una doble cosecha con un solo aporte de alimento: el balanceado que reciben los peces produce los nutrientes que absorben las plantas, sin fertilizantes sintéticos que terminen en napas subterráneas y sin pesticidas, que dañarían el ecosistema del propio módulo.

Los cuatro errores que hacen fracasar un módulo

El más frecuente es la precipitación: instalar la infraestructura, llenar los tanques e introducir los peces de inmediato, saltándose el ciclado del sistema. Sin bacterias nitrificantes establecidas que conviertan el amonio tóxico en nitratos asimilables, el agua se vuelve nociva en días y los peces mueren antes de que las plantas alcancen a aprovechar nada. El segundo es dimensionar mal la relación entre peces, plantas y volumen de agua: demasiada carga biológica para pocas plantas acumula contaminantes; muy pocos peces entregan nitrógeno insuficiente y las plantas salen débiles y amarillentas.

El tercero es descuidar el monitoreo de pH, oxígeno disuelto y temperatura, o intentar corregir el pH con químicos agresivos. El cuarto es de diseño: recirculación mal resuelta y filtración mecánica insuficiente, que terminan obstruyendo el sistema. Todos, según Salvo, se reducen a lo mismo: falta de capacitación previa.

Partir sin permisos: el autoconsumo y la escuela

Aquí conviene ordenar la conversación regulatoria, porque la exigencia no es la misma para todos. Si el módulo utiliza especies de agua dulce no salmonídeas —carpa koi, goldfish— y se destina únicamente al autoconsumo o a fines didácticos, no se requieren patentes ni resoluciones sanitarias de alimentos. Ese es el punto de entrada real: un particular, una junta de vecinos, una escuela o una cooperativa pueden diseñar y operar un módulo sin título profesional ni giro del rubro, siempre que cuenten con la tenencia legal del terreno y los derechos de uso de agua.

Para establecimientos educativos y centros de I+D existe además la inscripción experimental en el Registro Nacional de Acuicultura (RNA) que administra SERNAPESCA, con tramitación simplificada, manteniendo la obligación de reportar el origen de los ejemplares y cumplir bioseguridad. La excepción relevante es la trucha arcoíris: por su perfil sanitario, la normativa la regula desde el primer ejemplar, y obliga a comprar los alevines en pisciculturas inscritas en el RNA y transportarlos con guía de libre tránsito.

Vender: dónde empieza la exigencia real

El salto ocurre al comercializar. Ahí se requiere inscripción comercial en el RNA —acreditando dominio o arriendo del predio, derechos de agua, proyecto técnico y Resolución de Calificación Ambiental o carta de pertinencia del SEA— y quedar sujeto a fiscalización sanitaria y declaraciones periódicas de biomasa. Se suma la Resolución Sanitaria de Funcionamiento ante la SEREMI de Salud, bajo el Reglamento Sanitario de los Alimentos (DS 977/96), que fiscaliza inocuidad, calidad del agua, manejo de residuos e instalaciones de acopio y empaque.

Si el objetivo escala a exportación, las exigencias se extienden a certificación fitosanitaria del SAG para las hortalizas y adscripción al Programa de Aseguramiento de Calidad de SERNAPESCA para el componente acuícola, con trazabilidad y control de residuos bajo estándar internacional. Es, en rigor, la misma escalera que enfrenta cualquier productor de alimentos: la diferencia está en que la acuiponía la sube dos veces, por el lado acuícola y por el vegetal.