La reforma acuícola se decide ahora. La diversificación no puede quedar en el margen.

Chile está legislando su mar pensando en un solo pez. Lo hace por dos caminos paralelos y con poca visibilidad. El primero acaba de cerrarse: la Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social (Boletín 18.216-05), la gran reforma económica del gobierno —más de cuarenta medidas reunidas en un solo proyecto, conocido en el debate como “ley miscelánea” porque modifica muchas leyes a la vez—. Las normas acuícolas son apenas un capítulo de ese paquete, pero un capítulo de fondo: el Senado las aprobó en la madrugada del 16 de julio y el martes 21 la Cámara ratificó los cambios en tercer trámite, con un solo artículo enviado a comisión mixta, ajeno a la acuicultura. Ya están decididas.

El segundo camino es la reforma a la Ley N° 20.249, la Ley Lafkenche, que regula los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios. Ahí hay que distinguir dos cosas: una moción parlamentaria ya avanzada, aprobada en general por la Sala del Senado y despachada en particular por la comisión respectiva, que espera el pronunciamiento de la Sala; y las indicaciones que el propio gobierno anunció, que a mediados de julio aún no ingresaban al Congreso y cuya consulta indígena no había comenzado. Entre ambos caminos se define buena parte de las condiciones bajo las cuales se cultivará el mar chileno durante la próxima década.

Una decisión de esta magnitud se enriquece cuando escucha a todo el territorio. El proceso ha abierto sus audiencias y ha oído a la industria del salmón, a la pesca artesanal y a las organizaciones ambientales, y ha ajustado el proyecto a partir de ellas. La voz de la acuicultura diversificada, en cambio, casi no ha estado presente en esa mesa —no porque se le haya cerrado la puerta, sino porque aún no ha llegado a ella con la fuerza necesaria.

Qué aprobó el Congreso

Las normas acuícolas aprobadas apuntan, en lo esencial, a la competitividad de la industria del salmón. La principal exime a las micro-relocalizaciones de concesiones de la obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental —hoy toda relocalización de concesiones de salmón debe pasar por el SEIA—. Se entiende por micro-relocalización un desplazamiento de hasta 350 metros, medidos desde cualquiera de los vértices de la concesión, autorizado por la Subsecretaría de Pesca por una sola vez, previo informe técnico y sin aumento de producción. El texto aprobado añade que esa micro-relocalización tampoco deberá cumplir los requisitos del artículo 92 de la Ley N° 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, siempre que su movimiento no implique el ingreso a un área protegida. Según el propio proyecto de ley, desde 2010 se presentaron 1.060 solicitudes de relocalización de salmón y solo dos prosperaron; la propia Subpesca reconoce que el mecanismo ha tenido una aplicación muy limitada. La segunda medida reemplaza la causal de caducidad por no operación del artículo 142, letra e), de la Ley General de Pesca y Acuicultura por un esquema de patentes progresivas —un cobro anual que sube mientras la concesión siga inactiva—. A ello se suman la agilización de los informes ambientales y de los estudios de bancos naturales. No fueron cambios sin reparos: la Contraloría ha sostenido que toda relocalización debe cumplir los mismos trámites ambientales que una concesión nueva, y en la Sala hubo reservas de constitucionalidad.

Son, en su mayoría, correcciones técnicas razonables a un sistema que se ha vuelto lento. El punto no es si el sistema necesita mejorar —lo necesita—, sino desde qué mirada se está mejorando.

Una reforma escrita desde la salmonicultura

La salmonicultura tiene un peso que nadie discute: representa cerca del 2,1% del producto interno bruto y sostiene, según estimaciones del propio sector, del orden de 86.000 empleos en una cadena de miles de pequeñas y medianas empresas proveedoras, concentrados en las regiones australes. Que el sector plantee sus demandas con fuerza es legítimo, y sus gremios proyectan que estas medidas podrían aumentar la actividad entre 4% y 8%.

Pero la acuicultura chilena es más que el salmón, y la reforma, tal como está planteada, apenas registra esa diferencia. La mitilicultura —el cultivo del chorito, Mytilus chilensis, una especie nativa— es la segunda actividad acuícola del país y el corazón productivo de Chiloé y de Los Lagos. A su lado crece una diversificación real, y a lo largo de todo el país: el ostión del norte, que sostiene la acuicultura de moluscos en Coquimbo y Atacama; las ostras, incluida la ostra chilena nativa, Ostrea chilensis; las algas; y cultivos bentónicos como machas y locos. Es un mosaico de bajo impacto ambiental, arraigo territorial y valor patrimonial que la conversación legislativa está dejando en el margen. Y no por falta de razones: lo sostienen miles de productores diversos y dispersos que, ocupados en operar y administrar sus cultivos, difícilmente pueden dedicarse a la gestión normativa o parlamentaria.

Lo notable es que el propio Estado ya reconoció el argumento de fondo. Al facilitar la incorporación de macroalgas en concesiones existentes, la Subsecretaría de Pesca fundó la medida en que esos cultivos son de baja intensidad productiva, y destrabó más de doscientas solicitudes. “Baja intensidad” es precisamente el rasgo que distingue a los moluscos y las algas de la salmonicultura. Si ese criterio ya ordena la política de algas, no hay razón técnica para que no ordene también la del chorito, la ostra y el ostión.

La diferenciación no es privilegio

La regulación vigente trata a la acuicultura, en lo ambiental, casi con un solo molde, diseñado para el cultivo intensivo de peces. Aplicado a un cultivo extensivo de moluscos filtradores, ese molde produce distorsiones concretas. El caso más claro es el concepto de “producción”: pensado sobre los ciclos del salmón, no calza con la forma en que operan los mitílidos, las ostras y los ostiones, y de ahí nace el riesgo —técnicamente injusto— de que una operación normal sea leída como sobreproducción. Diferenciar por especie, escala, sistema de producción e impacto no es pedir un trato de favor: es la condición para que la regla sea justa.

Y hay más acuerdo del que el debate sugiere. Clarificar el concepto de producción, coordinar las exigencias ambientales en lugar de multiplicarlas y destrabar las relocalizaciones entrampadas por años son demandas compartidas por el salmón, el chorito y el alga. La diferencia es que la diversificación puede aportar un matiz que hoy falta: el de la producción extensiva y de pequeña escala. No se trata de competir por un lugar en la reforma, sino de mejorarla.

Y hay asuntos que son solo nuestros, que la reforma ni siquiera mira. El más existencial es la semilla: el chorito, la ostra y el ostión dependen de la captación de semilla desde los bancos naturales, cuya disponibilidad viene decayendo, y sin un resguardo de las áreas de colecta el pequeño productor queda a merced de comprarla a quien tenga los recursos para producirla. Es el eslabón invisible de la diversificación, y merece una entrega propia.

El borde costero: coexistencia con certeza

El punto más difícil es también el más importante, y merece honestidad. La reforma a la Ley Lafkenche que impulsa el Ejecutivo apunta a tres cosas: acotar el efecto suspensivo que congela las tramitaciones de concesiones cuando se admite una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, limitar el tamaño de esas solicitudes bajo criterios de proporcionalidad, y elevar el estándar para acreditar el uso consuetudinario. Es un terreno donde conviven derechos: los de las comunidades indígenas, reconocidos por ley, y la certeza que necesita quien invierte y trabaja en el mar.

Aquí los datos permiten precisar el debate. Un análisis del Observatorio Ciudadano, difundido por CIPER, muestra que de las 1.323 concesiones salmoneras en Los Lagos, Aysén y Magallanes, 760 —el 57,4%— coinciden territorialmente con ECMPO decretados o en trámite. Pero el propio artículo 7 de la Ley Lafkenche establece que un ECMPO no puede sobreponerse a una concesión acuícola ya constituida: esas concesiones mantienen plena vigencia. Lo que el efecto suspensivo afecta son las solicitudes en trámite, no las operaciones existentes. Distinguir la coincidencia territorial de la afectación real es el primer paso para un debate serio.

La posición que Chile necesita no es la de vaciar un derecho ni la de paralizar una actividad, sino la de una coexistencia con certeza: reglas de prelación transparentes, plazos ciertos y mecanismos técnicos para resolver las sobreposiciones. Esa conversación tampoco puede ignorar que más de cuatrocientas concesiones salmoneras se emplazan, sobre un bien nacional de uso público, dentro de áreas protegidas: sobre todo en reservas, ya que la acuicultura solo está prohibida en parques nacionales y monumentos naturales. La mitilicultura, extensiva y de raíz comunitaria, está bien situada para sostener esa mirada de equilibrio, porque su forma de habitar el borde costero se parece más a la del mundo artesanal que a la de la gran industria.

Lo que Chile puede decidir

Modernizar la regulación acuícola es una responsabilidad del Estado, no una concesión a un gremio. Y una reforma que se precie de moderna no puede reconocer la diversidad del mar chileno solo cuando conviene a la actividad de mayor tamaño. La mitilicultura y la diversificación —las algas, con más de 800 especies nativas de las que apenas una decena se explota y solo cuatro se cultivan comercialmente; las ostras y los ostiones; los cultivos bentónicos; las especies nativas de bajo impacto— no piden un trato especial. Piden que la ley las vea.

Esta es la primera de una serie que se publicará por bloques: el techo de la pequeña escala y cómo se mide cuánto puede producir una bahía; la semilla; y los mercados de la ostra chilena. Al cierre, las propuestas se reunirán en una minuta dirigida al Congreso y a la Subsecretaría de Pesca. No para defender a un sector, sino para que la discusión esté a la altura. Cada cifra, verificada en su fuente.

Fuentes consultadas

• Senado de Chile — Tramitación del Boletín N° 18.216-05, Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social. tramitacion.senado.cl

• Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura — Subsector Acuicultura: cosechas de centros por especie y región, y Registro Nacional de Acuicultura, 2025.

• La Tercera — Qué contiene el proyecto de Reconstrucción Nacional ingresado al Congreso (abril 2026). latercera.com

• Observatorio Ciudadano / CIPER Chile — “Ley Lafkenche: lo que muestran los datos sobre la industria salmonera y los ECMPO” (julio 2026). ciperchile.cl

• Programa Austral Patagonia (UACh) — Caracterización de las concesiones acuícolas en áreas silvestres protegidas de la Patagonia. programaaustralpatagonia.cl

• La Tercera — La propuesta del gobierno para la industria acuícola: SEIA y régimen de caducidad (abril 2026). latercera.com

• SalmonChile — Nueva normativa de Subpesca para facilitar la acuicultura multitrófica y las macroalgas (mayo 2026). salmonchile.cl

• Miradas Sur — Estado de la reforma del Ejecutivo a la Ley Lafkenche a mediados de julio (julio 2026). miradasurtv.cl